El gobierno venezolano ha contratado silenciosamente a Rothschild & Co. —la potencia inversora mundial acusada desde hace tiempo de manejar los hilos detrás de las crisis de deuda soberana— para que trace un mapa de las obligaciones de deuda externa del país en medio de un colapso económico total.
Según fuentes internas, el trabajo de Rothschild no es simplemente llevar la contabilidad: están construyendo el plan para una reestructuración financiera total bajo control globalista, un precursor típico de una toma de control económico soberana.
Venezuela debe cientos de miles de millones de dólares a tenedores de bonos extranjeros y acreedores estatales, una montaña de pasivos que ha paralizado a Caracas durante años. Esto incluye bonos soberanos y deuda petrolera de PDVSA, que lleva más de seis años en impago.
La participación de Rothschild —un banco históricamente vinculado a la reorganización de la deuda de las naciones al borde del abismo— es un clásico caballo de Troya: primero el control financiero, luego el control político.
Justo cuando Rothschild estaba investigando los libros de Venezuela, una operación militar estadounidense el 3 de enero de 2026 sorprendió al mundo: el presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores fueron capturados por las fuerzas estadounidenses y trasladados a Nueva York para enfrentar cargos federales.
En una declaración que parece más una jactancia imperial que una declaración diplomática, el presidente estadounidense Donald Trump proclamó que Estados Unidos “gobernaría” Venezuela —al menos temporalmente— mientras instala una “transición” mientras supervisa el petróleo y la reestructuración política.
Esto significa que Estados Unidos no sólo asesora las finanzas de Venezuela a través de Rothschild: ahora controla el sustento energético del país, la palanca económica por excelencia.