De Piñera a Boric.
Europa necesita reemplazar al petróleo y Chile está dispuesto a ser una pieza clave en el proceso desarrollando una industria de hidrógeno que requerirá 80 millones de toneladas de agua anualmente y 450 mil hectáreas de molinos eólicos y paneles solares en Magallanes y Antofagasta. Energías renovables que, en todo caso, no aportarán a la matriz energética nacional.
El hidrógeno es un gas que puede ser empleado como combustible. Actualmente, se obtiene como subproducto en las industrias petroquímica y gasífera, aunque en cantidades limitadas. No obstante, hoy los planes internacionales de descarbonización y disminución de emisiones de gases de invernadero se proponen producir hidrógeno a escala industrial como forma de reemplazar el petróleo, todo bajo una etiqueta ‘verde’.
Para producir hidrógeno verde (H2V) es necesario que el proceso sea alimentado por energías renovables, como la eólica o la solar. Este proceso también reemplaza el petróleo y el gas natural por agua como materia prima. A través de la maquinaria alimentada por las energías renovables se dividen las moléculas del agua en hidrógeno y oxígeno en un proceso llamado electrólisis. Estas moléculas se almacenan en forma de gas y para su transporte deben ser llevadas al estado líquido, proceso que requiere altísimas presiones.
En el caso de Chile, durante 2020 se desarrolló la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde la que se plantea establecer una industria de exportación de hidrógeno. Según esta ambiciosa hoja de ruta, se espera que para 2030 Chile “conquiste mercados globales”, principalmente Europa y China, con una industria de H2V que exporte un 72% de su producción, que se proyecta como la más barata del mercado.
Más importante aún será la instalación de 25 megavatios (GW) de energías renovables para abastecer exclusivamente a esta industria en el proceso de electrólisis, lo que significa casi igualar la matriz energética instalada en Chile actualmente de 29 GW.
En la expectativa a más corto plazo, el Gobierno plantea que a 2025 se hayan instalado al menos 5 GW de energía renovable. Es decir, más del doble de la energía renovable operativa en el país.
Además, la estrategia espera desarrollar dos focos de producción o “valles de hidrógeno” (hydrogen hubs). Uno en el norte, en la Región de Antofagasta, donde aprovechar la energía solar, y otro en el sur, en la región de Magallanes, donde aprovechar la energía eólica on-shore, que permitirá montar proyectos en los bordes costeros para aprovechar el viento, agua y cercanía a puertos.
Todo parece prometedor, incluso la política de desarrollo pasó del gobierno de Sebastián Piñera al de Gabriel Boric sin problemas, llegando a ser nombrada en varios discursos desde que el ex diputado fue electo presidente y durante la Cuenta Pública de 2022.
Sin embargo, si bien Chile se propone ser el mayor exportador de hidrógeno a nivel mundial, todo el planteamiento para la creación de esta industria dista mucho de un análisis del desarrollo sostenible y respetuoso de la naturaleza, cuestión que ha alertado a variadas organizaciones sociales y científicas que han comenzado a monitorizar el desarrollo de la Estrategia Nacional de H2V.
Para Sara Larraín, directora de Chile Sustentable, desarrollar una industria de hidrógeno verde como se plantea es un proyecto ecológicamente inviable, pues ninguna proyección gubernamental hasta ahora calcula cuál será el impacto ambiental que implica igualar la matriz energética nacional en energías renovables exclusivamente destinadas a una industria de hidrógeno.
“Finalmente la materia prima es el agua. Entonces tienes agua, territorio y energía. Después hay que ver con qué energía vas a hacer este proceso. En Magallanes es difícil instalar solar, es distinto que en el norte. Y, si instalan molinos eólicos, ¿cuántos cientos de hectáreas de molinos eólicos se requieren para poder tener energía? Entonces, lo que no se está estableciendo es cuáles son todos los insumos que se necesitan para este escenario en el cual se sacan cuentas alegres”, comentó Larraín.
Al respecto, Interferencia conversó con la socióloga y magíster en Antropología Social, Gabriela Cabaña, socia del Centro de Análisis Socio Ambiental (CASA), quienes desarrollaron un estudio para transformar las proyecciones energéticas de la Estrategia Nacional de H2V en materiales, territorios y agua requeridos. Los datos están disponibles en un sitio web diseñado especializado y puedes revisarlos haciendo clic aquí.
Según Cabaña, la Estrategia Nacional de H2V no está pensada como una política energética, si no que “está pensada como una política de exportación, al igual que la cereza, el cobre y el salmón, pero ahora con la energía. Se ha pensado en cómo surtir una demanda internacional y generar una commodity que se pueda subir a un barco y mandarse a Europa”.
En esta línea, Interferencia intentó contactarse con los Ministerios de Medio Ambiente y Energía para conversar respecto a la mantención de esta hoja de ruta originada en el gobierno anterior, pero no obtuvo respuestas. Además, el 5 de julio pasado fue la primera sesión del Comité Interministerial para el Desarrollo de la Industria de Hidrógeno Verde, presidido por el ministro de Energía, Claudio Huepe.
¿ES el H2V un neoextractivismo?
Si bien el hidrógeno verde puede parecer una industria diferente a las industrias extractivas, que se basan en un proceso simple de generación de valor, para Larraín y Cabaña califica como un neoextractivismo.
Según Larraín, directora de Chile Sustentable: “Lo que hay detrás de esta nueva alternativa energética es un neoextractivismo, pues replica es la misma lógica con la cual te aproximas al territorio y al medio ambiente. La única diferencia es que la emisión de CO2 es menor que la del petróleo. Pero en el fondo es la misma matriz económica y de ocupación territorial”.
Para Cabaña, puede existir un objetivo de que el H2V reduzca las emisiones de CO2 con tal de salvar el modelo de desarrollo actual, “esto es lo que llamo en mi tesis una revolución conservadora. Es una tecnología tan revolucionaria que nos va a permitir seguir viviendo exactamente igual”.
Además, coincide con Larraín en la calificación de neoextractivismo pues “sirve para entender que estas industrias funcionan como la salmonicultura, por ejemplo, que obviamente no se extrae salmón como se extrae una piedra de adentro del suelo, pero las dinámicas de destrucción que se hacen en el proceso de generar ese commodity que se exporta, son muy parecidas”.
En este sentido, si bien existen motores e incluso autos que usan el hidrógeno como combustible, actualmente no hay una industria diseñada para funcionar con H2V. Por ello, la primera planta de hidrógeno que se está instalando en Magallanes, Haru Oni, usará el H2V como insumo para crear gasolina sintética o «e-combustible», el que podrá usarse en motores convencionales que seguirán emitiendo CO2.
A esto se suma que, al igual que en otras industrias extractivas, los dueños no viven en los territorios o, incluso ni siquiera en Chile, la generación de pasivos ambientales gravosos que afectan a otras formas de actividad económica, que se apunta principalmente a la exportación y a generar divisas.
En esta línea, si bien esta redacción no pudo obtener respuestas del Ministerio de Medio Ambiente, vale destacar el artículo “¿Economía del Hidrógeno para Latinoamérica? No, gracias” del subsecretario de Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, escrito antes de asumir el cargo y que ya no se encuetra disponible en su publicación original.
En el artículo Proaño critica las proyecciones de la Estrategia Nacional de H2V que plantea mantener “una economía basada en el crecimiento infinito”, un dogma que “afecta gravemente a comunidades y territorios, debilita la democracia y pone en riesgo la subsistencia de la especie humana”.
“El H2V aparece como la solución contra la crisis climática, sin embargo, no tenemos certeza sobre cuáles serán los impactos que su desarrollo a gran escala conllevará”, concluye Proaño.
Impacto hídrico: 80 millones de toneladas de agua, desalinizadoras, salmuera y vida marina
Primeramente, el agua es la base para desarrollar la industria de hidrógeno verde, ya que mediante un proceso de electrólisis se le aplica electricidad que divide sus moléculas en oxígeno e hidrógeno.
Según el Ministerio de Energía 10 litros de agua producen un kilo de hidrógeno verde. Lo que proyectado por el estudio de CASA con la estimación de la Estrategia Nacional de H2V y sus 25 GW de energía renovable, equivale a utilizar 80 millones de toneladas de agua anualmente.
Si bien se puede utilizar agua dulce para generar hidrógeno, todos los proyectos considerados en la Estrategia Nacional de H2V proponen crear una planta desalinizadora que extraiga agua de mar. Vale decir que a día de hoy no existen plantas desalinizadoras en Magallanes. En Antofagasta, por otra parte, la minería utiliza desalinizadoras hace casi una década.
En este sentido, la desalinización no es un proceso limpio, pues su principal subproducto es la salmuera, un barro altamente tóxico que debe ser tratado con cuidado. Si es devuelto al mar, este eleva la temperatura del agua de la costa, poniendo en riesgo la vida acuática. Si se mantiene en tierra en forma de relave, puede traspasar el suelo y envenenar todo a su paso.
Según Larraín, uno de los problemas del proceso de desalación tiene que ver con el control sanitario de la salmuera generada y los eventuales rellenos industriales donde se acumule este subproducto. “Hay que aislar la salmuera del medio ambiente, porque puede percolar a las napas subterráneas por ejemplo. Hoy en Chile no existe regulación ni normativa para la salmuera. Cada empresa que está haciendo plantas desaladoras lo está haciendo a su pinta”.
El subsecretario Proaño rescató para su artículo un estudio realizado por científicos del Instituto para el Agua, el Medioambiente y la Salud (UNU-INWEH), en que se establecía que “las plantas desalinizadoras producen un 50% más de salmuera que lo previamente estimado”. Con esto se establece que “el impacto potencial de la salmuera es muy importante, pues aumenta la temperatura del agua del mar y reduce la cantidad de oxígeno en el agua lo que causa graves daños a la vida acuática.”
Además, el subsecretario añade otros impactos negativos al medio ambiente como los que “se producen por el vertimiento de residuos como cloro al mar y en el proceso de absorber agua marina para desalinizar pues elimina muchos animales marinos que son atrapados en redes para evitar ser succionados”.
Ahora bien, a nivel de fauna, las desalinizadoras succionan agua de las zonas intermareales. En ese proceso son absorbidas criaturas marinas que están en las primeras cuatro millas, como son los peces, cuestión que perjudica a la pesca artesanal. Pero de forma más importante, son absorbidos el fitoplancton y el zooplancton, microorganismos que están en la base de la cadena alimenticia de la vida marina y que si su población se ve alterada, como sucede cuando se instala una planta desalinizadora, pone en riesgo el equilibrio del ecosistema.
Para Larraín, la escala proyectada “implica una ocupación completa del borde costero con infraestructura para desalación, lo que impacta sobre el océano pues se tiene que succionar agua de mar con fitoplancton y zooplancton. O sea toda, toda la base vegetal y animal que da origen a la biomasa marina”.
Impacto territorial: seis Santiagos y medio de paneles y molinos
El siguiente punto es el territorio en que se instalen los métodos de obtención de energías renovables. Los molinos y paneles solares requieren un cierto territorio para instalarse, el que debe adecuarse para su funcionamiento. En el caso de los molinos, estos deben barrer la zona donde se instalan y crear caminos a su alrededor. Algo parecido sucede con los paneles solares, aunque éstos pueden ser instalados uno junto a otro.
En su ambición, la Estrategia Nacional no ofrece un cálculo respecto al espacio que ocuparán en el futuro esos 25 GW de energías renovables. Según el Centro de Análisis Socio Ambiental, que realizó un estudio de la propuesta, esos 25 gigavatios se traducen en 434 mil hectáreas de molinos eólicos y paneles solares.
Al respecto, Larraín afirma que esta cifra puede no decir mucho por sí sola, por lo que hay que ponerla en escala. Por lo tanto, el mismo estudio de CASA expone que esos 25 GW equivalen a 621 mil canchas de fútbol. Es decir seis ciudades y media de Santiago o casi triplicar las hectáreas dedicadas a la industria frutícola en Chile.
En esta línea, llevando los datos al mínimo, un solo aerogenerador de 3,4 megavatios, que mide alrededor de 90 metros y cuyas aspas alcanzan los 70 metros de largo, requiere de un área despejada de 700 a 800 metros cuadrados. A lo que se suma la construcción de un camino vehicular de acceso de 10 metros de ancho. Todo esto implica una proyección de sombra que afecta a la vida en torno a los parques eólicos.
Ahora bien, las instalaciones de molinos no son inocuas para el ambiente. En abril de 2022, científicos de la Universidad Santo Tomás, liderados por Heraldo Norambuena, publicaron en la revista Science “La energía verde amenaza a la Región de Magallanes en Chile”, paper donde exponen los riesgos que involucra el desarrollo de enormes granjas eólicas para las aves estacionarias y migratorias que transitan por el Estrecho.
Según Norambuena y compañía, estimaciones preliminares, “sugieren que el megaproyecto podría llegar a unos 2900 aerogeneradores instalados para 2027, ocupando un área de al menos 150.000 hectáreas”. Cuestión que se contrasta con otros estudios recientes que muestran una tasa de colisiones de aves que, escalada a “a la magnitud del proyecto planificado de Magallanes, podría generar entre 1740 y 5220 colisiones de aves por año”.
A esto se suma el factor migratorio de la Región de Magallanes, donde “alrededor de 43 especies de aves, incluidas Passeriformes, Charadriiformes y Strigiformes [aves migratorias], lo que probablemente aumentaría estos números”.
Impacto social: desplazamientos y conflictos
Es inevitable asociar impacto hídrico, en la fauna y el territorio a las comunidades que habitan en los polos donde se espera desarrollar los llamados “valles de hidrógeno”.
Hasta ahora se vislumbra claramente que la implementación masiva de desalinizadoras en el borde costero traerá consigo problemas para la pesca. Territorialmente la ocupación del borde costero y el uso de masivas cantidades de agua afectará a todas las especies que posibilitan la pesca principalmente artesanal.
En palabras de Sara Larraín supone un “impacto sobre todo el territorio del borde costero, un ecosistema súper frágil, donde se harán las instalaciones y los depósitos de salmuera, además de los tubos hacia el interior del mar en la costa”.
Por otra parte, actualmente el desarrollo de los parques eólicos ya se han visto en medio de problemáticas socioambientales en que las comunidades afectadas emprenden una lucha contra las empresas energéticas.
Tal es el caso de La Guajira colombiana, donde el gobierno de Iván Duque planea implantar 16 parques en territorios de la comunidad indígena wayuú, y de Oaxaca en México, donde Zapotecos y Huaves resistieron la instalación de un parque eólico en sus territorios que buscaba proporcionar electricidad a las grandes compañías de bebidas.
En Chile, estos casos se repiten en las regiones de Bío-Bío y La Araucanía, donde comunidades mapuche y chilenas han criticado la instalación de parques eólicos patrocinados por grandes forestales como Celulosa Arauco, y empresas energéticas, como AES Chile y Transelec.
Para Cabaña se trata de “una conflictividad que está escondida entre otras conflictividades”, cuestión que conlleva la “expulsión de la gente de esos territorios, porque muchas veces las empresas llegan y la gente se va. Eso ya en sí mismo, más allá del impacto ecológico, es un impacto social grave y que fragmenta a las poblaciones”.
