El Centro de Investigación de los Padres Jesuitas “Centro Gumilla” y el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) revelaron su informe completo de ejecuciones extrajudiciales. La mayoría de las víctimas fueron jóvenes pobres, entre 18 y 30 años.

Los cuerpos policiales y militares de Venezuela asesinaron a 1.611 personas en los primeros seis meses de 2020, un promedio de 9 personas por día. La mayoría de las víctimas fueron jóvenes pobres, entre 18 y 30 años.

Días atrás se habían conocido cifras estimativas, pero ahora se publicó el resultado completo del trabajo conjunto que vienen realizando el Centro de Investigación de los Padres Jesuitas “Centro Gumilla” y el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea). Las dos organizaciones iniciaron desde el año pasado un proceso de contraloría social a la violencia institucional policial y militar.

Las fuerzas de la dictadura asesinaron a un promedio de nueve personas por día.

 

“Los miles de víctimas que deja la violencia institucional en Venezuela, son consecuencia de una política de Estado que combina el aliento brindado por las altas autoridades para la comisión de los abusos, y la impunidad estructural dado el copamiento del sistema de administración de justicia, por parte del proyecto político oficialista. Los funcionarios actúan con plena libertad dada la certeza de que su conducta no será investigada ni sancionada, y debido a que cuentan con el respaldo de gobernadores, ministros y otras altas figuras de la gestión pública”, denuncia el informe.

En la mayoría de los asesinatos perpetrados por la fuerza pública, explica, se presume la realización de ejecuciones extrajudiciales: “Falsos enfrentamientos, lo que se viene conociendo en América Latina como falsos positivos, en los que las autoridades presentan los hechos como si efectivamente las victimas emplearon armas contra policías y militares. En la realidad, las personas son detenidas y posteriormente asesinadas”.

La Policía Nacional Bolivariana (PNB) principalmente a través de su cuerpo élite las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) es el cuerpo policial más letal. En los primeros seis meses del año, la PNB fue responsable de 417 asesinatos, lo cual representa el 25,8% del total.Muy de cerca sigue el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) con 400 casos, lo que equivale al 24,83% del total. Las policías estadales fueron responsables de 399 presuntas ejecuciones, equivalente a 24,77%. Llama la atención la letalidad de la policía del estado Zulia responsable de 122 asesinatos, Aragua 65 y la del estado Carabobo con 54.

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) es responsable de 222 casos en su gran mayoría responsabilidad de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). “Llama la atención el significativo incremento en el número de casos responsabilidad de la FANB”, detalla el estudio. Provea pudo identificar en 2019 la participación de la FANB en 55 presuntas ejecuciones. Al primer semestre de 2020 el número se elevó en 403%. Este resultado corresponde al cada vez más creciente proceso de militarización de las labores de seguridad ciudadana.

Nicolás Maduro con militares (REUTERS).

 

Las policías municipales por su parte, fueron responsables de 57 presuntas ejecuciones. Estas policías, que están definidas como policías principalmente de carácter preventivo, participan con mayor frecuencia en operativos donde el resultado es dar muerte a presuntos delincuentes.

Los estados en los que la población sufrió con mayor rigor la violencia institucional de policías y militares fueron por orden de letalidad Zulia, Bolívar, Aragua, Lara, Carabobo y Miranda

Una de esas víctimas fue Isaac Mata, de 14 años, quien estaba volando una cometa en el barrio de Coche (Distrito Capital) el viernes 17 de abril cuando una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) llegó al lugar disparando, según los familiares del niño. Los funcionarios se lo llevaron herido y su cuerpo fue posteriormente localizado en el depósito de cadáveres de Bello Monte. Las autoridades consideran que el joven era un delincuente pero los familiares del menor lo niegan y aseguran que tenía marcas de haber sido esposado cuando se revisó el cadáver.

By neo