Dinero, datos y la nueva razón de Estado
I. LA ILUSIÓN DE LA FRAGMENTACIÓN
En la superficie, el debate público parece disperso. De un lado, las tertulias económicas discuten si la moneda fiat colapsará, si el oro es el único refugio real o si Bitcoin es la promesa de libertad definitiva. Del otro, en Bruselas y Washington, funcionarios presentan paquetes legislativos con títulos tranquilizadores sobre “billeteras digitales”, “seguridad nacional” y “simplificación de normas”.
Parecen asuntos distintos, pero no lo son. En la práctica, estamos contemplando una sola operación histórica: la transformación del poder moderno en una soberanía de sistemas que ya no solo dispone de las cosas, sino que aspira a leer y gobernar la vida entera del hombre.
El dinero, los datos y la identidad jurídica han dejado de ser ámbitos separados para convertirse en capas de una misma malla de control. No se trata solo de pedir “más o menos regulación”, sino de responder a una pregunta mucho más radical: ¿el derecho sigue siendo un escudo frente al poder o se ha convertido en un embudo diseñado para canalizarlo todo hacia una nueva estructura de dominio?
II. LA NUEVA SOBERANÍA: CUANDO MANDA LA INFRAESTRUCTURA
Para entender la magnitud del cambio, debemos redefinir qué significa hoy ser soberano.
La soberanía clásica se ejercía sobre un territorio y un pueblo, y se legitimaba —al menos en teoría— en el bien común articulado por la ley. Ese “bien común” no era, en su concepción tradicional, mera suma de intereses ni simple estabilidad del aparato, sino el orden objetivo que permite a las personas alcanzar su perfección propia en la vida social. La soberanía actual, en cambio, se ejerce sobre flujos y se legitima en la eficiencia de la infraestructura. Quien controla los medios de pago (SWIFT, Visa, FedWire), las nubes de almacenamiento (AWS, Azure) y los protocolos de identidad (KYC/AML), es quien dicta la ley real.
En este nuevo orden, la Constitución política importa menos que los “términos y condiciones” de la infraestructura crítica. Si un país, una empresa o un individuo es desconectado del sistema de pagos o de la nube, sus derechos constitucionales se vuelven abstractos e inaplicables. La verdadera supremacía ya no reside en la capacidad de legislar, sino en la capacidad de permitir o denegar el acceso a la red, es decir, en decidir quién existe de hecho en la vida económica y quién queda reducido a un derecho teórico sin posibilidad práctica.
Esta “soberanía de sistemas” no es un poder anónimo: siempre es ejercida por sujetos concretos —Estados, corporaciones, organismos— que se esconden detrás del lenguaje neutro de la infraestructura. El sistema no es un sujeto moral: es el conjunto de medios del que se sirven quienes detentan el poder para gobernar, de manera cada vez más invisible, la existencia de las personas.
III. GEOPOLÍTICA DE BLOQUES: TRES MODELOS, UN MISMO EMBUDO
Este movimiento hacia el control total no es uniforme; se despliega en tres modelos geopolíticos que compiten por la hegemonía, pero coinciden en la herramienta:
1. El modelo chino (Control Social Directo)
La fusión entre Estado y plataformas tecnológicas es explícita. El sistema de Crédito Social y el Yuan Digital (e-CNY) eliminan la privacidad financiera para premiar la obediencia política y castigar la disidencia en tiempo real. La moneda y el dato son instrumentos declarados de disciplina social.
2. El modelo estadounidense (Capitalismo de Vigilancia y Seguridad Nacional)
Aquí el control lo ejerce una alianza público-privada. Las grandes tecnológicas (Big Tech) recolectan los datos y el sistema financiero (Big Finance) vigila las transacciones, todo bajo el paraguas de la seguridad nacional. La militarización del dólar y el uso de sanciones a través del sistema SWIFT demuestran que las finanzas son, ante todo, un arma de guerra, y anticipan lo que ocurrirá cuando al poder de excluir del dólar se sume el poder de excluir de las propias infraestructuras digitales financieras (CBDC, wallets oficiales, plataformas de pago).
3. El modelo europeo (Tecnocracia Normativa)
A falta de gigantes tecnológicos propios, la Unión Europea utiliza el derecho como herramienta de proyección de poder. A través del llamado “Efecto Bruselas”, exporta estándares regulatorios que, bajo la apariencia de “protección de derechos”, construyen un embudo burocrático casi perfecto para ordenar los flujos de datos y capitales.
Los tres modelos se detestan en el discurso, compiten en la práctica y se imitan en lo esencial: todos convergen hacia un mismo embudo donde el hombre se vuelve transparente, clasificable y condicionalmente aceptado.
IV. EL DINERO Y LA TRIADA DE PODER: ESTADO, BANCA Y TECH
En el centro de esta disputa está el dinero. Pero no el dinero como simple medio de cambio, sino como la arquitectura donde convergen el Estado, la Gran Banca Global (BlackRock, JP Morgan) y las Big Tech. Esta alianza es la que hace posible la vigilancia moderna.
La moneda fiat es una apuesta política con riesgo de contraparte permanente. Su degradación mediante la inflación no es un accidente, sino una forma de licuar deuda pública a costa del ahorro privado. Cuando la pérdida del poder adquisitivo se normaliza, lo que llamamos “ahorro conservador” se convierte en una autodestrucción patrimonial programada: el ciudadano financia la deuda del emisor con su propio empobrecimiento. Pero el verdadero peligro hoy no es solo la pérdida de valor, sino su capacidad de censura: el dinero bancarizado puede ser congelado por motivos políticos, ideológicos o administrativos con un solo clic.
Frente a la fragilidad del papel, el oro persiste como reserva institucional. Los mismos bancos centrales que impulsan la digitalización acumulan oro a ritmos récord. ¿Por qué? Porque es el único activo que no es el pasivo de nadie. Su valor descansa en la escasez física y en la experiencia histórica, no en la firma de un ministro. Es la soberanía física frente a la soberanía digital.
Bitcoin irrumpió en este paisaje como una herejía necesaria contra los bancos centrales, prometiendo escasez programada y ausencia de emisor. Sin embargo, la realidad actual es ambivalente. Si bien mantiene su potencial de autocustodia y resistencia, la entrada de los ETFs, los custodios institucionales y la banca regulada lo está atrayendo hacia el embudo. Al rodearlo de normas de identificación obligatoria, la “pseudonimidad” de Bitcoin se convierte en la herramienta de trazabilidad perfecta para la alianza Estado–Banca–Tech.
La pieza final del rompecabezas son las Monedas Digitales de Banco Central (CBDC) y la tokenización de activos reales (inmuebles, acciones, deuda). Cuando todo bien importante se representa como un apunte en una infraestructura controlada, ya no solo el dinero pasa por el embudo: también pasan la casa, la tierra, el ahorro y la empresa.
Cuando el dinero es programable y los activos físicos se representan digitalmente en una blockchain controlada, se cierra el círculo: el sistema no solo sabe lo que tienes, sino que puede decidir en qué, cuándo y dónde puedes gastarlo. El control deja de ser ex post (castigo después del hecho) para volverse ex ante (condicionamiento previo de la conducta).
V. LA INGENIERÍA JURÍDICA Y SOCIAL
Para que este sistema funcione sin revueltas, se necesita una ingeniería jurídica y una narrativa cultural que lo legitime.
Europa lidera el frente legal. El nuevo paquete legislativo (Digital Omnibus, AI Act, European Business Wallet) invierte la lógica del derecho. El “interés legítimo” del sistema para entrenar IAs, optimizar servicios y vigilar fraudes se coloca por encima de la privacidad individual. Allí donde el consentimiento era el pilar y el interés legítimo la excepción controlada, ahora el interés legítimo pasa a ser motor estructural y el consentimiento, estorbo a gestionar.
La empresa deja de ser una entidad libre que demuestra su existencia con documentos dispersos (notario, registro, licencias) y se convierte en una biografía digital permanentemente legible a través de reportes únicos de ciberseguridad y billeteras de identidad. La European Business Wallet concentra lo que antes estaba atomizado: trayectoria fiscal, licencias, poderes, certificaciones, todo potencialmente cruzable.
El derecho deja de ser un límite al poder —una ordenación racional al bien común— y se convierte en manual de instrucciones para la eficiencia del flujo. Ya no mide la justicia de las relaciones humanas, sino la funcionalidad del sistema que las administra. Cuando la “ley” se reduce a procedimiento y cumplimiento, se pierde el derecho en sentido propio —el ius, lo justo— y solo queda un conjunto de mandatos que organizan la obediencia al sistema. El ciudadano y la empresa dejan de preguntar “¿es justo?” para limitarse a preguntar “¿cumple la norma?”; y la norma, a su vez, ya no pregunta “¿es bueno para la persona?”, sino “¿facilita el objetivo del sistema?”.
Esta estructura se sostiene sobre una premisa antropológica inoculada desde la escuela hasta las plataformas: “si no tienes nada que ocultar, no tienes nada que temer”. El miedo —al terrorismo, al lavado de dinero, al fraude, a la desinformación— se utiliza como coartada constante. La vida se “plataformiza”: la educación, la comunicación y el comercio ocurren en entornos vigilados donde la seguridad se paga con intimidad. En la práctica, la polis y las comunidades naturales —familia, municipio, asociaciones reales— son desplazadas por espacios artificiales gobernados por reglas privadas, donde la relación ya no es entre personas, sino entre perfiles gestionados.
Se normaliza la idea de que el ser humano es un nodo de riesgo y un paquete de datos que debe ser monitoreado por su propio bien. En esa lógica, el espacio interior —la conciencia, la familia, la amistad, la fe— es tolerado mientras no pretenda escapar del radar. Cuando reclama ámbitos de opacidad legítima, comienza a ser visto como sospechoso.
VI. MÉXICO: NOTARIO DE DECISIONES AJENAS
Para México, este escenario es crítico. No somos los arquitectos del sistema, sino sus usuarios forzados.
El riesgo no es teórico; es operativo. El proveedor de autopartes en el Bajío ya se ve obligado a cumplir estándares de trazabilidad de datos europeos para no perder contratos. El exportador agrícola recibe exigencias de reporte y certificaciones digitales diseñadas lejos de su realidad. La fintech mexicana debe alinear sus procesos de cumplimiento con la banca de Nueva York para mantener sus corresponsalías.
Al mismo tiempo, el gobierno y las empresas migran sus datos soberanos a nubes extranjeras (Amazon, Microsoft, Google) bajo la falsa premisa de la modernización inevitable. Los sistemas de pago locales son empujados a integrarse con plataformas globales, y la presión contra el efectivo se disfraza de inclusión financiera.
México corre el riesgo de quedar reducido a un territorio administrado por sistemas ajenos, donde la soberanía es un discurso político vacío mientras la infraestructura real obedece a Washington o Bruselas. El legislador nacional corre el peligro de quedar reducido a un notario tardío de decisiones tomadas fuera.
La única salida digna no es el aislamiento, sino la recuperación de criterios propios: decidir qué infraestructuras críticas deben permanecer bajo control nacional, qué márgenes de efectivo y anonimato legítimo son irrenunciables, y qué estándares aceptamos solo si no sacrifican la dignidad de la persona en el altar de la eficiencia digital. La soberanía, en este contexto, solo tiene sentido si es capacidad real de proteger a la persona y a sus comunidades naturales frente a la lógica despersonalizada de los sistemas.
VII. CONCLUSIÓN: RECUPERAR EL DERECHO, RECUPERAR A LA PERSONA
El mundo que se está construyendo no necesita una dictadura cinematográfica; le basta con una arquitectura de incentivos donde el cumplimiento digital sea la condición para la existencia económica.
Un orden jurídico que deja de ser una ordenación racional al bien común para convertirse en un algoritmo de eficiencia sistémica ha dejado de ser derecho en sentido fuerte; es administración de cosas, no gobierno de personas.
Frente a este embudo perfecto, necesitamos escudos auténticos. Necesitamos recordar que el hombre no es un “individuo funcional” ni un mero recurso de datos, sino una persona dotada de dignidad y fin trascendente. El hombre no es solo un sujeto de derechos, sino una realidad más alta: una persona, sustancia espiritual y corpórea ordenada a un fin que ninguna estructura técnica puede abarcar ni definir. La economía debe servir a la justicia, no a la técnica.
Y la grandeza de una civilización no se mide por la perfección de su control, sino por su capacidad de proteger aquello que es sagrado e ingobernable: la libertad del espíritu y el derecho a no ser reducido a un saldo en la pantalla de nadie.
Cuando el hombre es tratado como cosa administrable y no como sujeto responsable, el sistema puede seguir funcionando, pero ya no puede llamarse justo. Y ningún pueblo tiene obligación moral de obedecer, sin resistencia, a un orden que le exige renunciar a su propia condición de persona.