Este lunes, el alcalde de Recoleta fue imputado por los delitos de administración desleal, cohecho, estafa y fraude al fisco que habría cometido como presidente de la Asociación de Farmacias Populares (Achifarp). Más allá de lo judicial, el Gobierno buscará resguardarse de las esquirlas del caso mientras la interna del PC enfrentará un dilema interno, pese al respaldo público a Daniel Jadue.
a mañana de este lunes, el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva en contra del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), tras ser formalizado como presunto autor de delitos consumados de administración desleal, estafa, cohecho y fraude al fisco en medio de la investigación por la compra y venta de insumos médicos de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp) presidida por el alcalde.
Así, la jueza Paulina Moya decretó el traslado del edil al anexo penitenciario Capitán Yáber y fijó un plazo de investigación de 120 días. La defensa de Jadue indicó que recurrirá a la Corte de Apelaciones para revocar la medida.
La arista judicial
En cuanto a los delitos imputados, el Ministerio Público señaló que la administración desleal se fundamenta en que Jadue, junto con Matías Muñoz Becerra, secretario ejecutivo de la Achifarp, tenían las facultades para manejar las cuentas de la asociación y suscribir contratos. Así, compraron insumos sin que ninguna municipalidad lo requiriera por más de $1.300 millones, productos que acabaron en bodega sin ser usados.
La defensa del alcalde encabezada por Ramón Sepúlveda apuntó que la asociación estaba conformada por más de 90 municipios administrados por un directorio. No obstante, la jueza indicó que varios alcaldes sostuvieron que Jadue poseía total autonomía.
Los delitos de cohecho y estafa se fundamentaron en que la empresa proveedora de los insumos, Best Quality, fue convencida de suscribir un contrato por más de $1.300 millones sin tener los fondos necesarios lo que produjo una deuda de más de $1.000 millones. Según la empresa, Jadue habría utilizado el prestigio de su cargo para convencerles.
Fuentes consultadas por Interferencia, indican que en el Partido Comunista consideran que la defensa de Jadue no fue la óptima. Esto, pues el alcalde habría optado por una defensa complaciente que apuntara a la persecución política sin una estrategia jurídica concreta y con una actitud reactiva sin poner de relieve antecedentes jurídicos relevantes que favorecieran al jefe comunal.
Respecto al delito de cohecho, afirman que el alcalde solicitó un “bono” extra de 20 millones en insumos médicos que la empresa dejó en la sede del Partido Comunista en Recoleta. Según la defensa, la empresa en cuestión buscaba cobrar sobreprecios.
Con relación al delito de fraude al fisco, la Fiscalía indicó que el jefe comunal habría engañado al concejo municipal para entregar fondos a Achifarp, supuestamente, mediante informes falsos realizados por directores de salud del municipio.
En ese sentido, el “engaño” habría sido el traspaso de $204 millones a la Universidad de Concepción para financiar la fabricación del medicamento Interferón para el Covid-19 sin autorización del Instituto de Salud Pública. Luego, dichos montos se habrían utilizado para pagar deudas de la asociación. Sin embargo, desde la defensa sostuvieron que el convenio se sostuvo en un error, pues creyeron que el ISP había aprobado el fármaco.
Fuentes consultadas por Interferencia, indican que en el Partido Comunista consideran que la defensa de Jadue no fue la óptima. Esto, pues el alcalde habría optado por una defensa complaciente que apuntara a la persecución política sin una estrategia jurídica concreta y con una actitud reactiva sin poner de relieve antecedentes jurídicos relevantes que favorecieran al jefe comunal.
La arista política
Eso, en la arista judicial, no obstante, la medida no solo significa un golpe para Jaude sino también para su partido y para el Gobierno, pues la tienda comunista es uno de los partidos ancla de una de las dos almas de Gobierno.
La disputa política comenzó en medio de una tesis de persecución política que rápidamente fue desestimada por la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), quien indico en la previa de la formalización que “no hay una persecución y es un estilo que él tiene, creo que habla más de su estilo que de una crisis política mayor, esta manera de plantearse ante esta situación”.
Anteriormente, los ánimos venían ya encendidos, pues la llegada a tribunales de Jadue contó con el respaldo de una “delegación” del PC que acompañó al edil y que el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve (PS), catalogó de “barra”. “La justicia no es para transformar a las fuerzas políticas en barras”, fueron las palabras del socialista.
La respuesta no tardó y Carmona señaló que “no la asumo como una formulación que involucre al Partido Comunista. El Partido Comunista no hace política de barra”. “Me parece que es una descalificación un poquito gratuita”, agregó el timonel comunista.
Es por ello, que una de las claves descansa en cómo La Moneda y el oficialismo descomprimirán el ambiente para evitar que las esquirlas del caso afecten directamente al Gobierno.
Otra de las claves es el uso que la oposición hará de la medida del tribunal para hacer un punto político de la formalización considerando lo ácida que ha sido la figura de Jadue y el golpe a la línea de flotación oficialista aun cuando ha sido una figura difícil de manejar para el propio Gobierno dado sus comentarios.
Esto, considerando que en la derecha hay otros alcaldes que recientemente también han enfrentado a la justicia siendo formalizados por fraude al fisco o cohecho a los que se les decretó prisión preventiva. Ejemplo de ellos: Raúl Torrealba en Vitacura, Luis Yáñez en Algarrobo, Fernando Paredes en Puerto Natales, A estos nombres también se pueden sumar los de Karen Rojo en Antofagasta y Cathy Barriga en Maipú que zafaron de la prisión preventiva.
El episodio supone un quiebre en el PC, pues si se considera que de l0s 29 integrantes del Comité Central (que eran 30 antes del deceso de Guillermo Teillier) solo diez firmaron una declaración pública en apoyo al alcalde, las diferencias internas son patentes. Entre quienes no firmaron la misiva figuran Marcos Barraza, Daniel Núñez, Irací Hassler, Karol Cariola y Camila Vallejo.
Asimismo, una tercera clave del episodio Jadue es cómo afectará la formalización a la interna del propio Partido Comunista. En primer lugar, el caso deja en una compleja posición a la ministra Vocera de Gobierno, Camila Vallejo (PC), y a la diputada Karol Cariola (PC), como presidenta de la Cámara.
En la antesala de la formalización, Carmona había señalado que la determinación del tribunal “puede tener una incidencia muy grande en la calidad de la convivencia política en el país”. Sin embargo, tras el dictamen, el líder comunista señaló que “mi expectativa era otra, pero yo soy un dirigente político y no estoy dentro del Poder Judicial”.
Carmona es un férreo defensor de Jadue al punto que tildó de activista al abogado Raúl Letelier, presidente del Consejo para la Defensa del Estado (CDE), quien señaló que la institución se querellaría en contra del alcalde, lo que finalmente se concretó el pasado martes.
El episodio supone un quiebre en el PC, pues si se considera que de l0s 29 integrantes del Comité Central (que eran 30 antes del deceso de Guillermo Teillier) solo diez firmaron una declaración pública en apoyo al alcalde, según indica Ex Ante, las diferencias internas son patentes.
En ese sentido, las diferencias respecto al apoyo parecen obedecer a una brecha generacional, ya que parte importante de la generación sub 50 del partido, donde destacan figuras como Marcos Barraza, el senador Daniel Núñez, la alcaldesa de Santiago Irací Hassler, Cariola y Vallejo no firmaron la misiva en cuestión.
Voces comunistas se refieren a la cautelar contra Jadue
El diputado Matías Ramírez (PC) escribió en sus redes sociales que “no hay elemento alguno que justifique una medida cautelar de esta entidad; lo que hay detrás es un anticomunismo a políticas populares que permitieron poner en evidencia las desigualdades del modelo”.
En adición, la diputada Carmen Hertz (PC) catalogó la decisión como “un despropósito absoluto” y acusó una “evidente” “persecución política” y “acoso” en contra del alcalde.
El diputado Luis Cuello en tanto calificó la medida de “desproporcionada” y apuntó que “confiamos en que esta decisión será revertida y que en el proceso se acreditará la inocencia del alcalde”.
Lo propio hizo el senador Núñez quien afirmó que “estimamos desproporcionada e injusta la prisión preventiva en contra de Daniel Jadue”. Confiamos que apelación ante la Corte de Apelaciones fallará conforme a Derecho y se revertirá la medida cautelar”.
En tanto Carmona sostuvo que la decisión “no es una sentencia” y agregó que “lo que viene ahora, sin darle más vueltas, es que hay que seguir con el proceso judicial en la etapa que viene, que es apelar a esta definición de cautelar y eso se hace ante la Corte de Apelaciones”.
Por otra parte, durante un punto de prensa de la ministra Vallejo, la secretaria de Estado indicó que “hemos tenido muchísimos casos de alcaldes a los cuales se le han decretado prisión preventiva asociado a casos de corrupción u otros. Y en todos los casos, sin distinción, como gobierno nosotros hemos señalado que respetamos la labor de la Justicia. Y así vamos a seguir hasta el final”.
Mientras Jadue se encuentre en el anexo Capitán Yáber, el Concejo Municipal tendrá, en sesión extraordinaria, definirá entre sus miembros el alcalde suplente de la municipalidad.