Tras su exitoso libro “Siete Kabezas, Crónica urbana del estallido social”, el arquitecto Iván Poduje lanzó su segunda obra con Uqbar Editores. Se trata de “Chile Tomado”, un ensayo e investigación donde recorrió el país para retratar, con el apoyo de mapas y fotografías, el panorama completo de los problemas de pobreza, crimen, inmigración y narcotráfico que enfrenta el país. El resultado es desolador, como describe en esta entrevista.
-¿Tu nuevo libro Chile Tomado es la radiografía de un país que la elite dirigente no es capaz de ver y de entender?
-Exactamente. La motivación del libro fue retratar los problemas que experimentan las comunas ubicadas fuera de Santiago oriente, como resultado del impacto de cuatro crisis de magnitud: la social que se manifestó con el estallido, la sanitaria, la migratoria y la delictual.
-¿Cómo ha evolucionado el problema de la segregación en Chile, que se da especialmente en Santiago?
-Se agravó considerablemente luego del estallido y la pandemia. Los campamentos se triplicaron, los barrios controlados por el narco se duplicaron en Santiago, y los delitos más violentos se desplazaron hacia comunas centrales, como Santiago, Quinta Normal o Estación Central, cuyos centros están muy dañados. El contraste con la tranquilidad y la belleza de Santiago Oriente aumentó, y la aislación y autosegregación de sus élites también. En resumen, tenemos ciudades más pobres, violentas y segregadas.
-Tú observas la ciudad y también los fenómenos sociales que ocurren en ella ¿Qué es lo que más te ha impactado ver en tus recorridos por el Chile real?
-La envergadura de los campamentos y las rejas y blindajes. Solo en Santiago tenemos 11 asentamientos precarios con más de 1.000 familias, pero en Alto Hospicio, San Antonio o Copiapó podemos hablar literalmente de favelas: 10.000 personas o más, con seguridad propia, jardines infantiles o guarderías ilegales de niños, capillas, comercios, peluquerías donde nadie paga patentes o impuestos. El Estado sencillamente no existe. Y como consecuencia de ello, los vecinos y comerciantes han debido encerrarse, llenarse de cámaras, blindajes, guardias privados incluso en barrios de clase media. Se han cambiado los patrones de viaje, ha aumentado el encierro y también el hacinamiento
-Señalas el abandono del Estado en ciertos territorios, ¿Nos podrías ejemplificar en qué lugares está pasando eso?
-En Alto Hospicio, tenemos 50 mil personas viviendo en campamentos enormes controlados por bandas o donde se instalan comercios y servicios que no pagan impuestos ni patentes. Son ciudades informales. Lo mismo ocurre en Copiapó, en los cerros Centinela y Miramar de San Antonio, en Santa Julia en Viña o Lampa en la Región Metropolitana. Las zonas tomadas por el narco se duplicaron y tenemos comunas donde casi el 100% del territorio está sin control policial. Los casos más críticos son Lo Espejo, San Ramón, La Pintana, La Granja, todo el borde poniente de San Bernardo (Los Morros), Maipú (San Luis) o Quilicura (Parinacota).
El narco también tiene tomado los cerros de Viña, en Forestal Alto y Glorias Navales, de Valparaíso en Montedónico o de la periferia norte de Talca en Las Américas. A eso debes sumar las 30 ciudades de la macrozona sur que tienen ataques terroristas regulares, con seis grupos que operan con armamento de guerra y en completa impunidad. Este es un problema que escaló a nivel país.
-¿Cuándo empieza este cambio en el país y de qué forma afectó el estallido y luego la pandemia a estas “patologías” sociales que mencionas en tu libro?
-El control narco tiene larga data, al menos 20 años, igual que la segregación residencial. También había expresiones de comercio informal, pero nada comparado con lo que tenemos ahora. Lo mismo en campamentos o delitos. El estallido sumado a la pandemia tuvieron un efecto devastador. Primero porque diezmaron la capacidad de las policías para reprimir delitos, lo que permitió que las bandas aumentaran su control territorial. En segundo lugar, el encierro de la pandemia dejo las fronteras abiertas, y el flujo migratorio creció sin control, y por ahí se nos colaron tres carteles de crimen organizado: Sinaloa, Jalisco y Tren de Aragua. La suma de ambas crisis dispara las usurpaciones de terrenos para instalar estas favelas, donde el 40% de las viviendas o sitios son vendidos por traficantes de suelo, que forman parte de las agrupaciones criminales.
-¿Sientes que cada vez tenemos más normalizadas las noticias de homicidios y ajustes de cuentas entre bandas rivales? ¿Es una señal preocupante que ya no nos llame tanto la atención?
-Totalmente. Es la fábula de la rana que me contaron hace 20 años en Colombia. Al final para sobrevivir, te vas acostumbrando y normalizas cosas que antes eran impensadas como secuestros con exigencias de rescate, asesinatos por encargo, muerte de niños o adolescentes soldados, sicariato, tráfico de tierra. Al igual que México, esto no alerta a las clases dirigentes que viven en una ciudad artificialmente protegida e inmune a estas patologías. Por eso sus residentes pueden hablar cosas tan disparatadas, o idealizar conductas criminales como el vandalismo, las usurpaciones. Es demencial.
-¿Qué datos e información has recopilado en tu investigación sobre campamentos y tomas de terreno?
-Nosotros fuimos los primeros en alertar que los campamentos se estaban saliendo de control en la pandemia. Cuando liberaron fotos nuevas de Google Earth quedamos impactados por el caso de Alto Hospicio, Arica, Copiapó o Viña. Luego revisamos todas las ciudades y concluimos que los sitios o viviendas se habían triplicado desde 2018, hasta llegar a 120 mil familias y casi medio millón de habitantes. Además detectamos, con trabajo de campo y análisis satelital, que un 40% de estos asentamientos tenían organización, logística y venta de tierra robada, que es un modelo importado desde el Perú y México.
-¿Por dónde se ven luces o caminos de salida para enfrentar los graves problemas que relatas en este Chile tomado?
-Creo que los políticos necesitan un remezón para que atinen, y se dejen de vivir en Narnia. En ello puede ayudar el próximo plebiscito. Luego necesitamos una renovación de liderazgos en la política y la empresa. Personas que salgan de su zona de confort. Que recorran el país, que empaticen con las angustias que vive la enorme mayoría de los chilenos, y que propongan medidas concretas para resolverlas, y cuando digo concretas me refiero a que tengan resultados en meses y no en años. Es decir, todo lo contrario a lo que es una Constitución.
-Has sido muy crítico desde el día uno al proceso constitucional. Ahora con el texto en mano ¿mantienes esa opinión?
-Después de ver la crisis que sufre nuestro país, considero que es una falta de respeto hacia los chilenos que los políticos sigan pegados en este tema. Seamos claros. La constitución nunca fue el problema y tampoco será la solución de los problemas que agobian a los chilenos que viven fuera de las seis comunas protegidas de Santiago oriente. Esta obsesión de los políticos por la nueva Constitución, a estas alturas enfermiza, nos va a costar muy caro como país. La constitución es un placebo que tapa todos los problemas que van explotar de nuevo.