“Nosotros no podemos entender cómo alguien puede autorizar a un delincuente que está formalizado y que está usurpando la tierra de otro, cometiendo un delito flagrante, a ir a celebrar cualquier cosa. No podemos entenderlo”, lamentan los propietarios del Fundo Punta Galera, ubicado en Valdivia. El predio está tomado desde el 5 de marzo de 2022. Por el hecho hay cinco imputados formalizados y sobre todos pesa la medida cautelar que les prohíbe acercarse al inmueble usurpado.
Sin embargo, por decisión de la Corte de Apelaciones de Valdivia, a dos de ellos se les permite hacer ingreso al campo los días 23 y 24 de junio para ser parte de “actividades de fe y religión”, es decir, que podrán celebrar el Año Nuevo Mapuche, We Tripantu, en el terreno que fue usurpado violentamente hace más de un año. El caso lo expusieron en una carta publicada en El Mercurio titulada Usurpación y Año Nuevo Mapuche y El Líbero se contactó con ellos para conocer su relato en profundidad.
“Hemos leído el fallo 20 veces y como que no hay razones para que uno pueda entender que pase una cosa así”, dicen. Esto porque la decisión, además, “abre debate sobre la posibilidad de otras fechas acotadas que tengan relación con ceremonias y/o religión”.
El Fundo Punta Galera, en Corral, pertenece a cuatro familias que adquirieron más de 300 hectáreas en junio de 2006, “con el sueño de crear un santuario de la naturaleza en medio de la Selva Costera Valdiviana”.
El sueño se transformó en pesadilla en marzo de 2022, cuando la Comunidad Mapuche Williche Lonko Pablo Nauco hizo una “ceremonia espiritual” para comenzar el llamado “proceso de recuperación de los territorios de Punta Galera y Colun ubicados en la costa de las comuna de Corral y La Unión”. Desde entonces, las familia Brahm Justiniano, Buzeta Quezada, Errázuriz Sateler y Troncoso Reyes han visto restringido el acceso a su propiedad, han denunciado que han sido amedrentados y además de la querella por usurpación violenta, daños y amenazas, presentaron una segunda acusación por robo y violación de morada ya que se vieron afectadas las tres viviendas en la propiedad.
Si bien hay cinco formalizados con orden de alejamiento, pueden llegar a ser “entre 15 y 20” los participantes de la toma que, pese a distintas decisiones judiciales y medidas de protección, aún se mantiene.
Ahora, las familias prefieren referirse al asunto de forma colectiva, pues temen por su seguridad y la de sus residencias.
El “sesgado” informe antropológico
Cuando describen lo ocurrido, una de las primeras cosas que señalan es que la comunidad no ha sido constituida como tal frente a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi).
“O sea, no hay una comunidad que es lo que la Ley Indígena valida para hacer cualquier tipo de tramitación, de negociación o lo que fuera con la Conadi. Entonces, hoy día son simples personas que entraron al campo y lo usurparon de forma violenta”, subrayan.
En el expediente judicial del caso figura un oficio de agosto de 2022 dirigido por el director regional (s) de Conadi Valdivia, Rodrigo Cortés, a la Corte de Apelaciones.
Allí se explica que el 7 de febrero de 2022 –menos de un mes antes de la usurpación– se ingresa la solicitud de constitución de la comunidad; pero al revisar los antecedentes se dieron cuenta de que no cumplían todos los requisitos de la ley y la solicitud fue rechazada. Por tanto, no aparecen en el Registro de Comunidades y Asociaciones Indígenas, ni se encuentran en proceso de revisión de antecedentes.
Según un escrito presentado ante la Corte Suprema por el abogado de las familias afectadas, la decisión de la justicia se fundamentó “única y exclusivamente” en un informe antropológico, a su juicio, “plagado de sesgos, falsedades y errores”.
El autor de dicho informe es el doctor en antropología social, Paulo Castro Neira, mismo que “acreditó” que el ex líder de la Coordinadora Arauco Malleco, Emilio Berkhoff, “se considera una persona mapuche”. O que concluyó que Celestino Córdova “por mandato espiritual, en sueños –pewma- le han dado la orden urgente de retornar a su rewe mientras dure la pandemia Covid-19”, por lo cual debía cumplir su condena en su hogar. También ha presentado informes en el caso de Pelentaro Llaitul Pezoa, para acreditar la calidad indígena de otro de los imputados.
Las llamadas “tierras ancestrales” de Punta Galera
En este caso, el informe antropológico señala que la calidad de indígena de los imputados es “indiscutida”, dice que “a través de un mandato espiritual los antiguos espíritus señalaron a las familias que debían volver a su territorio”, alude a su “derecho ancestral” y concluye que “los terrenos reclamados corresponden a tierras indígenas ancestrales”.
Este punto en particular ha levantado distintas alertas a raíz de la instalación de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, ya que el propio Presidente Gabriel Boric afirmó que las tierras ancestrales deberían ser consideradas en el catastro a hacer por la instancia. La senadora Carmen Gloria Aravena, que integra la comisión, ha señalado en El Líberoque si se consideran las tierras ancestrales en procesos de restitución “hablaría prácticamente de millones de hectáreas” y advirtió que “estaríamos de alguna manera también validando el discurso de las organizaciones de resistencia territorial, que hoy día están de alguna manera justificando toda la violencia que hemos vivido por 25 años”.
El texto del antropólogo también se refiere a la existencia de un cementerio antiguo -eltuwe Las Gemelas- del que no hay ninguna evidencia, según la versión de los propietarios. En el lugar, aseguran, tampoco existe una cancha de palín y la ruka fue construida por los usurpadores, posterior a la toma.
“Nunca hubo, ni hasta el día de hoy, ni cementerio, ni cancha de palín, ni nada que dé ninguna muestra de que esto haya sido alguna vez indígena. Lo que ellos dicen es una mentira horrible. Nosotros, cuando compramos el campo, estudiamos los títulos hasta el 1800, y no hay ninguna mención indígena, nunca, ninguna, en los títulos”, afirman los propietarios del Fundo Punta Galera.
Son enfáticos en esto pues la sentencia de la Corte de Apelaciones señala que los dos imputados que pueden entrar a las ceremonias religiosas tienen acotado su paso a la cancha de palín, cementerio y ruka.
Decisiones judiciales incumplidas
Los propietarios relatan que cuando se produjo la toma intentaron mediar y la respuesta que obtuvieron fue: “Esta tierra es mapuche, así que ustedes se tienen que ir ya”.
Luego hubo una reunión con presencia de distintas autoridades en el terreno vecino, que pertenece a la Corporación Sociedad Woodland Development Company LLC. (WDC), administrada en comodato por TNC Development, más conocida como “Reserva Costera Valdiviana”; un área que también forma parte del reclamo de la Comunidad Williche Lonko Pablo Nauco.
“La reunión no fue violenta, pero verbalmente sí fue muy incómoda, con amenazas, gritos… De ahí en adelante se instalaron ellos en el campo y nos impidieron a nosotros entrar, y a los trabajadores que había los echaron, por lo tanto, ellos también perdieron su trabajo”, señalan.
Explican que el desalojo del Fundo Punta Galera se pidió desde el primer día, 2 de marzo de 2022, pues según la legislación vigente esto debe ocurrir en las primeras 24 horas de flagrancia. Sin embargo, cuando Carabineros llegó ya no estaban. Regresaron después, y es a partir del 5 de marzo de 2022 que se concreta definitivamente la toma.