En los años 80, tras una convulsionada historia, el salitre y sus derivados quedaron en manos del yerno del general Augusto Pinochet.
El fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Santiago, Jorge Norambuena, recomendó reabrir la investigación contra Luis Eugenio y Julio Ponce Lerou, referente a una causa relacionada con el proceso de privatización de Soquimich (SQM), ocurrida en plena dictadura cívico-militar.
En específico, se trata de un documento de 6 páginas donde el fiscal Norambuena recomienda reabrir la investigación. Dicha indagatoria, responde al proceso de privatización de SQM en el marco del denominado programa de “capitalismo popular”, ocurrido en plena dictadura.
En concreto, era una iniciativa que prometía “hacer de los trabajadores propietarios y no proletarios”. En 2016, unos 1.400 ex trabajadores de la minera no metálica se querellaron contra los hermanos Ponce Lerou por los delitos de estafa y apropiación indebida de acciones de Pampa Calichera que les fueron entregadas en 1985 a cambio de beneficios laborales.
La larga historia del salitre
La década de 1910 representó para la actividad salitrera su época de mayor prosperidad y el comienzo de su crisis terminal. El inicio de la Primera Guerra Mundial, en 1914, provocó un descenso importante de las exportaciones y de la producción. Influyó la falta de buques de transporte pertenecientes, en su mayoría, a los países beligerantes y el bloqueo británico a Alemania. Ese bloqueo obligó a los germanos a desarrollar la industria del salitre sintético, necesario para la fabricación de explosivos y que terminaría desplazando al salitre natural chileno.
En 1916 y 1917 hubo un repentino aumento de las exportaciones debido a la creciente demanda de salitre por parte de los Aliados para fabricar explosivos, provocando una inmediata alza de precios. Ese mismo factor hizo que el salitre dejara de ser utilizado como fertilizante agrícola.
Terminada la Primera Guerra Mundial, se produjo una severa crisis económica planetaria entre los años 1919-1920, que acarreó funestas consecuencias para la industria salitrera chilena. Hubo una fuerte disminución del consumo, las ventas se paralizaron, los precios cayeron y se acumuló una gran cantidad de salitre en las costas del Norte Grande. Entre 1920 y 1921 la producción disminuyó en un 60%, las exportaciones en 50% y unos 20 mil obreros tuvieron que emigrar de la región salitrera. En Europa, en tanto, se expandió el uso de los abonos nitrogenados sintéticos.
La industria salitrera criolla no estaba preparada para competir con el salitre sintético. Eran demasiado altos los impuestos de exportación establecidos por el gobierno, que consumían el 60% de las utilidades, y las plantas productoras, que empleaban la tecnología Shanks, estaban obsoletas. El sistema llevaba más de 50 años y sus costos de producción eran mayores a los precios del mercado. De las 134 oficinas que trabajaban hasta ese momento, 91 paralizaron sus actividades.
En 1910 Chile proveía el 65% de los abonos nitrogenados consumidos en el mundo; en 1920 cayó al 30%, y en la década siguiente a sólo el 10%.
La crisis del salitre causó un grave impacto en la economía nacional. Esa industria había sido la principal palanca de desarrollo en los últimos 50 años, después de la Guerra del Pacífico. Representaba un altísimo porcentaje de los ingresos fiscales, era la mayor generadora de divisas e impulsaba a todos los otros sectores económicos, como el comercio, la agricultura, la ganadería y el resto de las faenas industriales. Miles de obreros de las oficinas salitreras en el norte quedaron cesantes y empezó a irrumpir un creciente malestar social.
El gobierno chileno intentó controlar la situación mediante dos políticas: la centralización de la industria salitrera y el mejoramiento de los métodos de producción.
La joven historiadora Catalina Siles Valenzuela, basándose en las labores documentales de Ronald D. Crozier, un destacado ingeniero químico y minero, investigó el período salitrero entre la crisis de los primeros años de la década de 1920 y la privatización de Soquimich durante la dictadura militar. De ese trabajo obtuvimos varios de los datos de ese período que incluimos en este artículo.
Desde comienzos de siglo hasta la década de 1920 se había reducido significativamente la participación inglesa en la industria salitrera, a favor de la chilena. En 1925 solo el 23% de la producción correspondía a capitales de ese origen. No obstante, los empresarios nacionales, siguieron invirtiendo sin percibir que el auge de la industria estaba llegando a su fin. Su motivación obedecía a que si bien la demanda había declinado, el mercado estadounidense se expandía rápidamente.
Llegan los estadounidenses
Comenzaron, entonces, a efectuarse una serie de investigaciones científicas para solucionar el problema técnico que enfrentaba el nitrato chileno, utilizando cuantiosos recursos y buscando la colaboración de científicos extranjeros. En medio de esos esfuerzos, la compañía estadounidense Guggenheim Brothers, dueña del mineral de cobre de Chuquicamata, decidió involucrarse en la recuperación de la industria salitrera local. Harry Guggenheim, quien había estado interesado en las inversiones de su familia en Chile, declaró que la salvación de la industria salitrera chilena dependía de a lo menos tres factores: a) Encontrar un método más barato para la elaboración del nitrato. b) Con el nuevo proceso, toda la industria salitrera debía ser modificada y las viejas plantas cerradas. c) El gobierno debía bajar los impuestos de exportación.
En 1918 los laboratorios de Guggenheim Brothers Research ubicados en Nueva York comenzaron a investigar la posibilidad de aplicar el método de lixiviación del cobre en la industria del salitre. En octubre de1922, una planta piloto de 20 toneladas de producción diarias fue puesta en operación en Chile, confirmando que, si los aspectos mecánicos del proceso de recuperación del cobre eran aplicados al tratamiento del nitrato, el proceso sería más económico.
La firma norteamericana tomó en ese momento una decisión radical: vendió sus intereses en Chuquicamata a la Anaconda Copper Company e invirtió ese capital en los nuevos procedimientos para explotar el salitre. Adquirió plantas calicheras en el cantón del Toco, compró el Ferrocarril y la Compañía Salitrera Anglo- Chileno Ltda., dueña del Ferrocarril de Tocopilla al Toco. También se hizo de reservas de nitrato en Coya Norte, las que pertenecían al gobierno.
En una entrevista a Solomon R Guggenheim, el año 1927, este señaló que las cifras de esos primeros años correspondían plenamente con las esperanzas cifradas en el procedimiento y mostraban un progreso satisfactorio para conseguir los costos previstos. En ese momento, la producción de María Elena era de aproximadamente 250 mil toneladas anuales, y aumentaba gradualmente. Se esperaba que la cifra de 500 mil fuera alcanzada en los primeros meses de 1928; y no sólo se había aumentado la producción, sino que se habían reducido los costos en forma ostensible.
A estos buenos resultados se unía el hecho de que la demanda mundial por el nitrato chileno había aumentado con buenos resultados en las ventas. Salomon Guggenheim afirmaba que “el aumento de la demanda por nitrato chileno desde el 1 julio de 1927, produjo un salto en el precio de más o menos $7 por tonelada sobre el precio que prevaleció últimamente y que constituye un fuerte argumento para la aserción hecha hace algunos meses que el nitrato chileno derribaría al producto sintético si no fuera restringido en cuanto a su producción y venta (…)”. A esto contribuyo la medida tomada en 1927 durante el gobierno de Ibáñez, quien aprobó el régimen de ventas libres, permitiendo una mejor competencia con los demás países productores.
Sin embargo, ese período de prosperidad entre 1927-1929 no duraría mucho tiempo. El fomento máximo de la producción y de las exportaciones resultaron superiores a las necesidades del mercado, reducidas drásticamente luego de la depresión de 1929. En el año salitrero 1929-30 el stock superó el millón y medio de toneladas, lo que produjo un sostenido paro de las actividades.
Al mismo tiempo, la oficina María Elena se vio enfrentada a inesperados problemas de producción.
No obstante, los Guggenheim no dieron marcha atrás, sino más bien respondieron financiando a la Lautaro Nitrate Company para construir la Oficina Pedro de Valdivia, la planta salitrera más grande jamás construida, la que empezó a funcionar en 1931. Sin embargo, a mediados de ese mismo año, Pedro de Valdivia paralizó sus actividades, dejando a miles de trabajadores sin empleo, hasta su reapertura en 1934.
Ante esta nueva crisis, el 21 de julio de 1930 se inició la reorganización general de la industria salitrera. Mediante la Ley Nº 4.836, se creó la Compañía de Salitre de Chile, Cosach, con el objetivo de fomentar la producción, exportación y comercialización del salitre y yodo. En este proyecto se combinaron los dos aspectos necesarios para lograr la reducción de costos: la centralización de las ventas y la adopción de procesos de producción más económicos. La Cosach empezó a funcionar en 1931. Un año después las deudas alcanzaron los 250 millones de dólares y se mantuvo la desocupación obrera en toda la pampa. El malestar cundió en todo el país, generado por la prolongación de la crisis. La nueva estructura productiva tampoco pudo resolver el problema de la competencia del salitre sintético.
Todas las esperanzas se frustraron. La Cosach había sido un rotundo fracaso.
El resultado de la Cosach fue una deuda de 234 millones de dólares que agravó aún más la crisis salitrera que repercutía fuertemente en la economía del país; y como consecuencia, un profundo descontento en toda la población, principalmente en las provincias del norte, que se veían particularmente afectadas por la catástrofe.
Entre los años 1930 y 1933 se produjo la casi completa paralización de las oficinas de la zona. En 1930 había solamente 32 oficinas trabajando, con 52 mil obreros. Los empleos se redujeron a la mitad y 120 mil personas debieron emigrar hacia el sur de Chile. El cese de actividades, cierre y abandono de las oficinas se tradujo en la venta de sus haberes a precios irrisorios por parte de sus dueños y administradores, o en su desmantelamiento por desconocidos. Maquinaria, cañerías subterráneas, postes señalizadores, marcos y puertas de ventanas, muebles, todo fue objeto de un comercio dominado por los llamados “ratas del desierto” debido al afán desmantelador y a la rapidez con que actuaban. En 1933 la Cosach dejó de pagar sus compromisos y fue liquidada.
En enero de 1934, mediante la Ley N° 5350, se creó la Corporación de Ventas de Salitre y Yodo de Chile (Covensa). A diferencia de la Cosach, esta nueva organización no participaría en la explotación misma del salitre, sino que su objetivo era “exportar, transportar, distribuir y vender el nitrato natural producido en Chile. En el fondo, el Estado arrendaría el estanco de la comercialización del salitre a una sociedad anónima formada por el mismo y los productores, a saber, la Compañía Anglo-Lautaro cuyo dueño eran los Guggenheim, que controlaban un 64% de la producción total; la Compañía Salitrera de Tarapacá y Antofagasta con un 21%; y otros pequeños salitreros que aportaban un 15% del total.
Un nuevo proyecto
Se fijó un plazo de duración de la Covensa: 35 años desde el 1 de julio de 1933, año en que se elaboró el nuevo proyecto. El directorio quedó integrado por once miembros, de los cuales cinco eran designados por el gobierno, otros cinco elegidos por los socios, y el undécimo, elegido por los miembros del directorio y de nacionalidad chilena, sería el presidente. Con esto se pretendía evitar que la corporación fuera manejada por extranjeros como había sucedido con la Cosach. La Covensa se mantuvo estable durante un largo periodo. En 1953, bajo el mandato de Carlos Ibáñez, la industria salitrera tuvo que enfrentarse a una nueva crisis: los altos costos de producción y las elevadas tasas tributarias que gravaban a las compañías, hacían imposible la competencia con el salitre sintético, cuya producción resultaba mucho más económica.
Nace Soquimich
En 1968, cuando expiró el monopolio de ventas del salitre de la Covensa, las productoras de salitre que quedaban y las organizaciones de venta fueron asociadas en una compañía mixta, la Sociedad Química y Minera de Chile S.A. Un 62,5% del total de la compañía pertenecía a la Compañía Anglo Lautaro Nitrate Ltda., de Guggenheim Brothers, que invirtió 25 millones de dólares y el otro 37,5% quedó en manos del gobierno chileno, a través de la Corfo, con un aporte de 15 millones de dólares, que correspondía a la Oficina Victoria, terrenos salitrales y maquinarias, además de una parte en dinero en efectivo.
Sus objetivos fueron: “la exploración, extracción, la explotación, la producción, el beneficio y el comercio de minerales no ferrosos de yacimientos propios y ajenos y la producción, comercio y transporte de sustancias y elementos no ferrosos de cualquiera naturaleza que de ellos se extraigan o elaboren, en especial aquellos relacionados con el desarrollo de la química inorgánica y de fertilizantes”. Se estableció el primer directorio integrado por los representantes del fisco: Enrique Vial Clark, Alberto Pulido Morgan, Diego Lira Vergara, Osvaldo Saint-Marie Soruco; y los nombrados por la Anglo-Lautaro: John Peeples, James Compton, Guillermo Ginesta, Alfonso Campos Menéndez y Carlos Urenda Zegers.
Soquimich comenzó sus operaciones el 1° de julio de 1968, con las Oficinas Pedro de Valdivia, María Elena y Victoria, haciéndose cargo además de la comercialización del salitre, yodo y otros subproductos. Era dueña del Ferrocarril de Tocopilla al Toco, que unía las minas con el puerto de Tocopilla, donde la compañía tenía muelles, silos de almacenaje con capacidad para 70 mil toneladas, e instalaciones de carga de bultos automática; el puerto y el ferrocarril pasaron a formar una filial de Soquimich: Servicios Integrales de Tránsitos y Transferencias. Al reemplazar a la Covensa, adquirieron también sus oficinas administrativas en Santiago, en la calle Teatinos, fletes de 14 mil toneladas y las filiales de venta en el extranjero: la Nitrate Corporation of Chile Ltd., en Londres; la Chilean Nitrate Sales Corporation, en Nueva York; y otras oficinas en España, Francia, Brasil, Bélgica y Holanda.
En su primer año Soquimich tuvo graves problemas económicos. El balance fue negativo y hubo una baja producción por una serie de huelgas en las Oficinas Pedro de Valdivia y María Elena que se vieron paralizadas. Por otro lado, el abastecimiento de algunos elementos indispensables fue interrumpido debido al término del Referéndum Salitrero el 30 de junio de 1968. Sólo se produjeron 694 mil toneladas, casi 250 toneladas menos de lo previsto para el año 1968-69; las ventas se vieron fuertemente afectadas y los costos de producción alcanzaron niveles altísimos.
Durante el año 1969-70 las cosas empeoraron. No llegaban repuestos, persistían las deficiencias técnicas y las relaciones con el personal seguían muy inestables. En marzo de 1970 una prolongada huelga causó pérdidas que los dueños estadounidenses no pudieron cubrir y la Corfo tomó el 51% de la propiedad de la empresa.
Con la llegada de Salvador Allende a La Moneda se hizo efectiva la nacionalización total de Soquimich. El 28 de mayo de 1971 la Anglo-Lautaro se vio obligada a vender el resto de sus acciones, y el Estado de Chile pasó a ser el único propietario de la empresa. A través de la reforma constitucional por la Ley N° 17.540 la nacionalización por expropiación quedó validada.
La memoria anual de 1971 de la Compañía Anglo-Lautaro Nitrate Ltda. decía: “Como fue informado por carta a los accionistas en junio de 1971, la Compañía vendió el 49% de sus intereses a Soquimich y US$ 24.600.000 bonos de SQM a la Corfo”.
En una visita a las oficinas María Elena y Pedro de Valdivia el presidente Allende dijo a los obreros: “Hemos terminado con los chilenos que ganaban en dólares, chilenos con mentalidad extranjera, ávidos de ganar plata, chilenos que negaban a Chile a costa del esfuerzo de ustedes. No habrá un solo chileno que gane en dólares en Chile, camaradas”.
En el Resumen del Plan Económico Nacional presentado por la Oficina de Planificación Nacional para los años 1971-76, se destacan tres puntos fundamentales para el futuro de la industria del salitre: 1) Un aumento sustancial de producción: para 1971-72 la meta asignada era de 888.500 toneladas y a partir de 1973, se debía alcanzar 1 millón de toneladas; 2) un plan de inversiones en tres sectores: mejoramiento de los equipos, ampliación de las plantas y nuevos proyectos, por una suma total de más de US$9 millones; 3) un programa de investigación y desarrollo destinado a determinar nuevos usos para el salitre y sus derivados.
Sin embargo, entre 1970-73 los objetivos de explotación para toda la industria nacionalizada en Chile eran sociales y no económicos, de hecho, sin contabilidad de costos. No hubo, ni hay idea clara de la magnitud de las pérdidas que fueron sostenidas durante esos tres años. Como los gastos e ingresos en dólares fueron considerados en esa moneda, y los gastos e ingresos locales en pesos, cuando la economía chilena entró en hiperinflación, la tasa de cambio del dólar podía variar significativamente entre la mañana y la tarde, haciendo imposible la contabilidad de costos en dólares.
Irrumpe la dictadura
Tras el golpe militar del 11 de septiembre de 1973, la dictadura tuvo grandes problemas para controlar la inflación. La tasa anual fue de 375% en 1974 y no bajó al 30% hasta 1980. Soquimich quedó bajo el control del Ministerio de Minería encabezado por el general de Carabineros Arturo Yovane. Se nombró un nuevo directorio presidido por Enrique Valenzuela Blanquier y se diseñó un nuevo plan de inversiones para recuperar la eficiencia de las plantas.
La industria del salitre fue afectada seriamente por la crisis del petróleo que dejó al mundo en recesión en 1975. Soquimich importaba todo su combustible y los costos de explotación y producción en sus minas y plantas se fueron a las nubes. Paralelamente, fue modificada la Ley de Transporte Oceánico chilena y la empresa tuvo que prescindir de cinco de sus operadores de embarque.
En Soquimich, las fuertes pérdidas desde 1973 fueron toleradas porque la industria salitrera estaba ubicada en una región de una baja densidad de población. En 1970 había 58 mil personas viviendo en las instalaciones de la compañía y era un factor clave en el empleo regional. Además, el Ejército creía que era estratégicamente importante para sostener los pueblos en la frontera norte donde Chile temía una posible invasión por parte de Perú y Bolivia. La Oficina Alemania, también una gran empleadora, pero ubicada muy lejos de la frontera, fue cerrada en 1975. La Oficina Victoria, a pesar de su estratégica ubicación cerca de Iquique, fue también clausurada en 1979, por estar obsoleta y ser antieconómica.
Hacia 1979, Soquimich era una de las tantas empresas deficitarias de la Corfo. Perdía más de veinte millones de dólares al año. La intervención era urgente y la cruzada modernizadora –insistían los partidarios del modelo económico neoliberal- no podía quedarse a medio camino. Se solicitó entonces la renuncia a todo el equipo directivo y se hicieron cargo Julio Ponce, gerente de empresas de Corfo, como presidente; y, Patricio Contesse, su hombre de mayor confianza y asesor suyo en Conaf, como gerente general, a quien trajo desde Estados Unidos. En 1981, se les sumaron Eugenio Ponce Lerou, a cargo del departamento de ventas, y Carlos Stutz Neveu, amigo y “compadre”, quien había comprado fundos para Ponce en la zona de Puyehue a comienzos de la década.
Al finalizar la década de 1970, el golpe de gracia para Soquimich fue dado por los teóricos económicos chilenos, los llamados “Chicago boys”, quienes fijaron el tipo de cambio del dólar por casi tres años (1978-1981), con la idea de que esto sanaría la inflación crónica de Chile. Por el contrario, el efecto del tipo de cambio fijo fue elevar el valor en dólares de los salarios y otros costos en moneda local a casi el doble de los costos normales norteamericanos. Este error económico infló artificialmente los costos de operación de las industrias locales, hasta el extremo que Codelco estuvo a punto de hundirse, y generó pérdidas significativas para las minas de cobre de Exxon.
Para tratar de salir adelante, el general Augusto Pinochet hizo caso a los economistas neoliberales que lo asesoraban y optó por privatizar gran parte de las industrias que estaban en poder del Estado. El propósito principal fue conseguir recursos frescos para paliar el rescate de la banca, que requería una emisión de bonos equivalente al valor de cerca de un 30% del PIB.
La decisión de privatizar las empresas estatales significó para Soquimich un nuevo manejo a fines de 1981, con instrucciones de preparar la compañía para su venta. Para hacer esto, tuvieron que dedicarse a un marketing agresivo y a una reducción en los costos. Las cifras financieras para el periodo 1980 a 1988 hablan por sí mismas de la efectividad de las medidas. Pero las abruptas caídas en el precio mundial de combustibles y el alza en el precio del yodo, contribuyeron significativamente a conseguir esas metas.
A partir de los inicios de la década de 1980, Soquimich estuvo sujeta a varias transformaciones de orden administrativo y financiero destinadas a lograr la privatización de la compañía. En 1982, Julio Ponce y su equipo capturaron nuevamente el mercado de fertilizantes chileno bajando los precios; una vez que se libraron de la competencia subieron los precios y mantuvieron sus clientes a través de arreglos financieros. También se puso mayor énfasis en el ámbito comercial a través de una gran campaña en el extranjero.
Coincidencia o no, el nuevo código minero, diseñado por José Piñera desde el ministerio del ramo, estableció en 1983 que los nitratos y sales análogas, el yodo y los compuestos químicos derivados ya no estaban reservados exclusivamente al Estado. No obstante, el gobierno militar dispuso un período de seis meses para que Corfo y Soquimich fuesen los únicos que pudieran efectuar manifestaciones mineras, es decir, constituir propiedad sobre esos recursos.
En marzo de 1984, Corfo otorgó poder a un grupo de abogados vinculados a Soquimich -Armando Gutiérrez Nilo, abogado, asesor legal de Ponce Lerou en Conaf y encargado de antiguas adquisiciones agrícolas en el sur para el yerno de Pinochet; Nelson Zúñiga López, Enrique Donoso Silva y Felipe Acuña Bellany- para que presentaran los pedimentos correspondientes. Ellos manifestaron propiedad minera a favor de Corfo sobre los yacimientos más importantes de salitre y yodo de las regiones de Tarapacá y Antofagasta, correspondientes al 90 por ciento de los existentes en todo el país. Otro tanto hicieron con los depósitos de litio.
Al promediar los años 80’ Soquimich quedó dueña de más de 93 mil hectáreas de terreno con los mejores yacimientos de yodo y salitre del país y una cantidad no precisada de toneladas de carbonato de litio. Poco después se creó el último eslabón de la cadena privatizadora: el llamado “capitalismo popular”, una pomada muy suave y fragante para inducir a los trabajadores a comprar acciones de las empresas privatizadas, aspirando a participar en la gestión de ellas.
El 18 de marzo de 1983, Soquimich fue inscrita como sociedad anónima abierta en la Superintendencia de Valores y en junio fue admitida en la Bolsa de Comercio de Santiago. Hasta entonces, Corfo tenía el 99,99 por ciento de sus acciones y Endesa el 0,001 restante. Aquel año, el último en que Ponce Lerou estuvo a la cabeza del directorio de Soquimich en representación del Estado, fue vendido el 1,3 por ciento de la empresa. Julio Ponce tuvo que renunciar a Corfo y desaparecer de la escena pública luego del escándalo ocasionado por la circulación de un anónimo opúsculo que lo acusaba de haberse enriquecido de manera ilícita.
La Compañía Exportadora de Minas “Cemin” adquirió un 0,82 por ciento de las acciones. También apareció como accionista Julio Ponce Zamora, padre del presidente del directorio de Soquimich.
La Compañía de Salitre y Yodo de Chile, Cosayach, una de las casi media docena de empresas que se dedicaban a ese negocio minero, propiedad de Francisco Javier Errázuriz, reclamó por el traspaso de pedimentos mineros a Soquimich y, a través de una demanda contra la empresa salitrera y contra Corfo, denunció que en 1985 “Corfo transfirió directamente, sin licitación previa, sin previo conocimiento y refrendación de la Contraloría General de la República, a espaldas del público y a un precio irrisorio -poco más de ocho millones de pesos que nunca se pagaron totalmente-el total de sus derechos sobre esas propiedades mineras a Soquimich”.
Errázuriz enfatizó que la Ley Orgánica Constitucional que reservó al Estado, en la persona de Corfo, el privilegio de mantener pertenencias salitrales para manifestar pertenencias salitrales durante los primeros 180 días de su vigencia, no lo hizo para que luego esos derechos engrosaran el patrimonio del monopolio del salitre chileno. Recordó que hacía no poco tiempo, la prensa escrita y la televisión conocieron las categóricas afirmaciones de Eduardo Bobenrieth, en las cuales declaró que los ripios y pampas de esa zona carecían de valor. Y que luego, sin embargo, adquirió esos mismos terrenos de Corfo, afirmando que los necesitaba como reserva estratégica, para finalmente declarar que construiría sobre las pampas en litigio una nueva planta de salitre, en circunstancias que Soquimich es dueña de la misma región, sin problema legal alguno, de las valiosas y enormes pampas de Soronal. “Sobre ellas, si realmente lo deseara, podría Soquimich invertir para crear trabajo y riqueza. Así, Iquique tendría no sólo la nueva inversión de Cosayach, sino que también la de Soquimich, todo lo cual, en libre competencia, permitiría a los agricultores chilenos acceder a un salitre más barato que la urea importada”, agregó Errázuriz.
