El 22 de septiembre de 2025, la Administración de la Guardia Costera de Taiwán (CGA) acaparó titulares con una revelación escalofriante: un buque pesquero con bandera taiwanesa, el YAMA68, fue interceptado frente a la costa del condado de Pingtung con la asombrosa cantidad de 718 kilogramos de narcóticos. El barco, registrado en Camboya pero operado por cuatro ciudadanos chinos, fue hallado con heroína, marihuana, metanfetamina y nimetazepam, con un valor en la calle de casi 50 millones de dólares.
Esta no fue una operación clandestina. Fue un vistazo a una estrategia más oscura e insidiosa, que implica al Partido Comunista Chino (PCCh) en una red global de narcotráfico diseñada para financiar sus crecientes ambiciones autoritarias.
El comportamiento del buque fue el típico de una operación encubierta: su sistema de identificación automática estaba desactivado, intentó huir al ser abordado y llevaba bolsas impermeables uniformes con narcóticos ocultas en compartimentos ocultos. Según informes, a los sospechosos, todos ciudadanos chinos, se les pagó entre 11.000 y 14.000 dólares por transportar la droga desde Camboya a puntos de encuentro cerca de las islas Dongsha. Las autoridades creen que el barco era un “buque nodriza”, diseñado para descargar la droga en embarcaciones más pequeñas para su distribución por Taiwán y posiblemente más allá.
Este incidente no es aislado. Se ajusta a un patrón inquietante de ciudadanos chinos capturados en aguas internacionales con enormes cargamentos de droga. En los últimos años, el Sudeste Asiático ha experimentado un aumento del narcotráfico vinculado a organizaciones chinas. El Triángulo de Oro, donde convergen Myanmar, Laos y Tailandia, ha sido durante mucho tiempo un centro de producción de drogas, y las redes criminales chinas han dominado cada vez más sus operaciones. Las incautaciones de metanfetamina en la región se han disparado; informes de la UNODC indican que solo en 2022 se incautaron más de 171 toneladas de metanfetamina en el este y el sudeste asiático, gran parte de las cuales se rastrearon hasta laboratorios gestionados por China.
Consideremos el contexto económico. La recuperación de China tras la COVID-19 ha sido desigual, con un desempleo juvenil que supera el 20% y la inversión extranjera huyendo ante el creciente riesgo político. El PCCh, desesperado por mantener su control del poder y financiar su extenso estado de vigilancia, su expansión militar y la Iniciativa de la Franja y la Ruta, ha recurrido cada vez más a las economías sumergidas. El narcotráfico, el tráfico de personas y la ciberdelincuencia se han convertido en fuentes de ingresos silenciosas, no oficiales, negables, pero de una eficacia devastadora.
El operativo en Taiwán es emblemático de esta estrategia. Mediante el uso de un buque con bandera taiwanesa y registro camboyano, la operación buscó explotar la ambigüedad jurisdiccional y sembrar confusión. Es una táctica que recuerda al enfoque más amplio de guerra híbrida de China, que utiliza medios no militares para desestabilizar a sus adversarios, manteniendo al mismo tiempo una negación plausible. Taiwán, ya bajo la amenaza constante de las incursiones militares chinas y el aislamiento diplomático, se enfrenta ahora a un nuevo frente: la infiltración de narcóticos.
Este no es solo un problema taiwanés. Es un problema global. En Estados Unidos, el fentanilo, a menudo sintetizado en laboratorios chinos y traficado a través de México, se ha convertido en la principal causa de muerte en estadounidenses de entre 18 y 45 años. A pesar de la constante presión diplomática, China no ha logrado frenar la exportación de precursores químicos utilizados en la producción de fentanilo. De hecho, informes sugieren que empresas chinas continúan anunciando estos productos químicos en línea, ofreciendo descuentos por volumen y envíos discretos.
La complicidad del PCCh en el narcotráfico no es meramente pasiva. Es estratégica. Al inundar de narcóticos a las naciones rivales, China debilita su tejido social, sobrecarga sus sistemas de salud y desvía recursos de las fuerzas del orden. Es una forma de guerra asimétrica barata, negable y devastadora.
La Guardia Costera de Taiwán merece elogios por su vigilancia y profesionalismo. La persecución de una hora, el abordaje táctico y el meticuloso inventario de narcóticos reflejan una fuerza comprometida con la defensa de su soberanía. Pero la verdadera batalla está por venir. La Fiscalía del Distrito de Tainan debe ahora rastrear el origen del cargamento, desmantelar la red que lo rige y afrontar la incómoda realidad: que el Estado chino podría estar orquestando estas operaciones tras bambalinas.
La comunidad internacional debe responder. Sanciones contra entidades chinas vinculadas al narcotráfico, una vigilancia marítima más estricta y un intercambio coordinado de inteligencia son esenciales. Pero aún más importante, debe reconocerse el papel del PCCh en las organizaciones criminales globales. Durante demasiado tiempo, el mundo ha tratado las actividades ilícitas de China como algo secundario en su ascenso. No lo son. Son centrales.
La redada de YAMA68 es una llamada de atención. Es hora de dejar de ver a las redes criminales chinas como actores corruptos y empezar a reconocerlas como instrumentos de la política estatal. Las drogas incautadas en las costas de Taiwán no eran solo narcóticos. Eran armas silenciosas, lentas y letales.