Amnistía Internacional aboga por el cambio de Constitución en Chile, según declara la ONG públicamente. En teoría, no debería incidir en la política partidaria de ningún país. En la práctica, convoca campañas por el cambio institucional y es funcional a la izquierda.
La directora ejecutiva de Amnistía Internacional, Ana Amancay, desde la cuenta oficial de la ONG lo ha dicho sin tapujos. Pide una nueva Constitución «que no tolera las desigualdades y los abusos».
Amancay lanzó una campaña comunicacional a favor de una nueva Constitución en el histórico plebiscito anunciado para el próximo 25 de octubre. «Hasta que la dignidad sea Constitución», se titula la campaña. La palabra «dignidad» cumple un fin ideológico y político. Hace juego a la toma y destrucción de la histórica Plaza Baquedano rebautizada por la insurrección como «Plaza Dignidad», donde paradójicamente pretenden consagrar a la dependencia estatal como una situación digna y vivir del esfuerzo propio como indigna.
Carabineros demostró que el Instituto Nacional de Derechos Humanos presenta denuncias falsas
Y no termina ahí. La adopción y promoción de la narrativa de izquierda incluye la denuncia de supuestos abusos contra los manifestantes, cuestión que ha sido desmontada.
Al menos 12 de los supuestos 28 desaparecidos que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) denunció ante la Fiscalía como víctimas de Carabineros, nunca salieron de sus casas. De hecho, los 12 exigieron el retiro de sus nombres de las listas de desaparecidos. De los 18 restantes, seis estuvieron detenidos por un periodo corto y luego liberados, cuatro fallecieron en los incendios provocados durante los saqueos.
La izquierda alimenta la falta de conocimiento histórico con el fantasma de Pinochet
El clamor por una nueva Constitución «que garantice derechos sociales», financiados desde el Estado, alega que el problema «es la Constitución de Pinochet». Pero «la Constitución de Pinochet prácticamente ya no existe», según explica el analista legislativo de la Fundación Cuide Chile, Camilo Cammás Brangier, pues durante los Gobiernos siguientes fue modificada. Y desde el 2005 la firma del general Pinochet fue reemplazada del presidente Ricardo Lagos.
El hecho de que la mayoría de los manifestantes, incluyendo los miembros de Amnistía Internacional, desconozcan esta información es muestra fiel de la falla en educación cívica (y el adoctrinamiento que ha sido demostrado con mayor intensidad en la educación estatal), pero sobre todo cómo la insurrección se ha respaldado no en los hechos, sino en la propaganda.
La evidencia desmonta el mito de la desigualdad en Chile
La mayor muestra de la propaganda y desconocimiento histórico es la campaña contra la «desigualdad» en el país austral. Chile estuvo a la par de Haití en pobreza al principio de la década de los 70, bajo el Gobierno de la Unidad Popular presidida por Salvador Allende. En 1990, casi el 70 % de los hogares vivía en condiciones de pobreza. Previo al «estallido social» en octubre del 2019 esa cifra se redujo al 8,6 %.
Hasta el 2018, el 23 % de los chilenos que nacieron en la pobreza lograron elevar su nivel de ingresos hasta formar parte de la población de mayor renta, según los datos presentados por la OCDE. Chile llegó a ser el país con mayor movilidad social en la región.
No obstante, de la mano de la violencia desatada por la insurgencia, el desempleo va en aumento, impulsado por la paralización de las actividades junto a los destrozos e incendios provocados. De modo que Chile fue desplazado por Uruguay y Costa Rica. Pero sigue ocupando el tercer lugar en movilidad social a nivel regional.
En palabras de la economista Bettina Horst: «Chile aún tiene enormes desafíos. Pero no por ello se deben desconocer los avances registrados en las últimas décadas y a partir de un diagnóstico errado de la actual situación redefinir sus políticas públicas hacia las que en el mediano plazo no nos permitan abordar esos desafíos».