El Movimiento Libertad y Justicia para Iván Tapia interpuso una denuncia formal en Contraloría solicitando investigación por “montajes institucionales, manipulación de registros, concertación de funcionarios y omisiones deliberadas”, al interior de la policía uniformada, referente al caso del excarabinero, que fue condenado a siete años de prisión tras denunciar una red vinculada al narcotráfico en […]
El Movimiento Libertad y Justicia para Iván Tapia interpuso una denuncia formal en Contraloría solicitando investigación por “montajes institucionales, manipulación de registros, concertación de funcionarios y omisiones deliberadas”, al interior de la policía uniformada, referente al caso del excarabinero, que fue condenado a siete años de prisión tras denunciar una red vinculada al narcotráfico en la comuna de La Ligua.
El Movimiento Libertad y Justicia para Iván Tapia presentó formalmente el jueves una denuncia ante la Contraloría General de la República, solicitando que se investiguen graves irregularidades administrativas e ilegalidades que involucrarían a funcionarios activos de Carabineros de Chile en el caso del excarabinero Iván Ronald Tapia Maturana, quien fue condenado a siete años de prisión tras denunciar una red vinculada al narcotráfico dentro de la institución policial en la comuna de La Ligua, en la Región de Valparaíso.
La presentación fue encabezada por Marcelo Fres, vocero del movimiento y hermano de Iván Tapia, quien también es ex carabinero, junto al abogado penalista Álvaro Bahamondes y el defensor de Derechos Humanos Hugo Gutiérrez. El grupo entregó antecedentes documentales que, según aseguran, evidencian “montajes institucionales, manipulación de registros, concertación de funcionarios y omisiones deliberadas al interior de la institución policial”.
Tras el ingreso del escrito, Fres sostuvo que el caso Tapia “no responde a errores aislados, sino a un castigo ejemplificador contra quienes denuncian corrupción dentro de Carabineros”.
“Aquí se persigue a quienes se atreven a denunciar redes de narcotráfico, venta de armas y corrupción interna. Yo fui carabinero y conozco la institución desde dentro: lo que ocurrió con Iván no es justicia, es una advertencia para que nadie más hable”, afirmó en declaraciones recogidas por la revista De Frente.
Por su parte, el abogado Álvaro Bahamondes explicó que la acción presentada ante la Contraloría busca establecer responsabilidades administrativas concretas y señaló que “existen antecedentes que vulneran principios básicos de legalidad, probidad y debido proceso”.
“Estamos hablando de funcionarios públicos en ejercicio que podrían haber incurrido en faltas administrativas gravísimas, y la Contraloría tiene el deber de investigarlas”, subrayó.
Patrón estructural de persecución
En la misma línea, el abogado y defensor de Derechos Humanos Hugo Gutiérrez advirtió que el caso del excarabinero Iván Tapia refleja un problema estructural dentro de las instituciones policiales que trasciende lo individual.
“No se trata de un hecho aislado. Es parte de un patrón de persecución contra denunciantes dentro de instituciones armadas, donde se protege a las redes de poder y se castiga al que rompe el silencio. Esto afecta directamente a la democracia y al Estado de Derecho”, planteó.
Desde el movimiento señalaron que esperan que la Contraloría “actúe con independencia y rigor”, y que a través de la investigación solicitada se pueda esclarecer las responsabilidades administrativa de un caso que ha sido denunciado en repetidas oportunidades por organizaciones de derechos humanos y medios de comunciación independientes.
Caso Iván Tapia Maturana: De denunciante a condenado
Iván Ronald Tapia Maturana fue dado de baja de la institución policial el 3 de marzo de 2020, tras haber denunciado abusos policiales durante el estallido social y la existencia de una banda criminal al interior de Carabineros, vinculada al narcotráfico en la comuna de La Ligua.
Esta red estaba integrada por funcionarios que robaban droga incautada y traficaban armas, específicamente en la localidad de Valle Hermoso.
La denuncia del exfuncionario incluyó la entrega del modus operandi y la implicación de oficiales de alto rango.
De hecho, denunció a un mayor de Carabineros que vendía armamento a delincuentes del sector.
Esta decisión gatilló un montaje judicial en su contra, el cual habría sido orquestado y ejecutado por otros carabineros en coordinación con el Ministerio Público.